Agustina Propato presentó un proyecto para frenar la venta de bienes del Estado sin autorización del Congreso

La propuesta legislativa establece que cualquier intento de transferencia de dominio de un bien estatal, ya sea a entidades públicas, privadas o mixtas, deberá contar con una autorización expresa del Congreso Nacional.

Propato enfatiza que esta iniciativa surge como respuesta a la "manifiesta intención" del actual gobierno, liderado por el presidente Javier Milei, de "liquidar y destruir el patrimonio nacional que constituye el Estado". Según la Diputada, el proyecto tiene como objetivo evitar que el Ejecutivo disponga de los bienes del Estado sin el control parlamentario adecuado, resguardando así los intereses soberanos del país.

La propuesta responde a la fuerte preocupación transmitida por las fuerzas, por el destino del Regimiento de los Patricios, Campo Hípico, Remonta, Veterinaria y Fabricaciones Militares.

El proyecto de ley se fundamenta en el artículo 75, inciso 5, de la Constitución Nacional, que otorga al Congreso la atribución de legislar sobre los bienes de dominio público y privado del Estado. "En un contexto donde abunda la preocupación por las políticas de desmantelamiento del gobierno nacional, este proyecto busca establecer normativamente que sea el Congreso, en representación del pueblo argentino, quien en última instancia autorice la transferencia de bienes inmuebles del Estado", declaró Propato.

Además, la propuesta contempla que cualquier operación de venta, enajenación o donación de bienes estatales, independientemente del tipo de adquirente, deberá ser aprobada por el Congreso. Esto incluye tanto las transferencias a título oneroso como las que se realicen a título gratuito.

En ese sentido advierte que a la Agencia de Administración de Bienes del Estado se le otorgó públicamente mandato para "avanzar en la puesta en marcha de los procedimientos administrativos correspondientes para la venta de centenares de inmuebles pertenecientes al Estado nacional".

La legisladora nacional destacó también la importancia de "transparentar e involucrar a todas las expresiones políticas" en decisiones que afectan al patrimonio del país, especialmente en la venta de tierras e inmuebles estratégicos para la defensa de los derechos soberanos de la nación.

"Los legisladores tenemos la responsabilidad de velar por los intereses de nuestro pueblo, y ello implica que debemos encumbrar como principio rector el de preservación del patrimonio nacional. No podemos permitir que nuestra patria caiga nuevamente en la senda de la dilapidación" concluyó.