La Ciudad de Buenos Aires ya tiene su propio Fuero Laboral

Hoy en día, los juicios se tramitan en la Justicia nacional y, por demoras y complejidades en su resolución, se ven afectados tanto los derechos de los trabajadores como de los empresarios. En el caso de los trabajadores, porque los créditos solicitados se licúan con el paso del tiempo. Por su parte, las empresas se ven perjudicadas económica y operativamente al afrontar sentencias con sumas de dinero que incluyen intereses, reajustes y actualizaciones de montos a valores actuales.

"Nuestro gran objetivo es un Fuero Laboral propio, moderno y ágil, que favorezca la creación de empleo", planteó el Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

La demora en los tiempos procesales afecta principalmente a los casos de los trabajadores accidentados o con enfermedades profesionales, quienes muchas veces, con el objetivo de buscar soluciones rápidas, deciden resolver sus conflictos acudiendo al sector privado a través de acuerdos que pueden afectar los principios y garantías propias del derecho del trabajo.

Con la creación de un Fuero Laboral propio, los procesos judiciales que hoy duran, por ejemplo, cuatro o cinco años, se acortarán a la mitad o menos. Además, a partir de la puesta en funcionamiento del fuero, los juicios laborales locales van a tener un enfoque especializado que permita abordar de manera eficiente y equitativa los conflictos laborales entre empleadores y empleados al contar con un marco normativo y procesal especializado.

La reforma constitucional de 1994 le otorgó a la Ciudad un nuevo status constitucional, con facultades propias de legislación y jurisdicción, pero no todos los convenios de transferencia se concretaron.

En ese sentido, el Ministro de Justicia Gabino Tapia declaró: "La puesta en funcionamiento del fuero laboral es un gran paso hacia la consolidación de la autonomía de la Ciudad, que es una deuda pendiente que tenemos con todos los porteños".

Entre las novedades del proyecto aparecen temas procesales vinculados a las nulidades; notificaciones; medidas cautelares y diligencias preliminares; representación procesal; beneficio de gratitud; costas; audiencias; conciliación; proceso ordinario, demanda y contestación; reconvención; excepciones; audiencia preliminar y pruebas; prueba confesional; testigos; peritos; otros medios de prueba; alegatos; ejecución de sentencia; procedimientos abreviados; acción preventiva de daños; recursos; desalojo; y disposiciones transitorias.